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Inmunidad parlamentaria: ¿Instrumento de legislación o exceso político?

Cecilia Sandoval

5-5-2013

La polémica iniciada por medios de comunicación privados pretende instaurar la falacia de un supuesto “fin de la libertad para legislar”, que obliga a realizar un análisis alejado del sensacionalismo y apegado al Derecho.

Cléver Jiménez 1

La sentencia al asambleísta Cléver Jiménez (Pachakutik) por el delito de injuria judicial cometido junto al ex sindicalista petrolero Fernando Villavicencio y al médico Carlos Figueroa, trajo nuevamente a la palestra un tema que ha sacudido la discusión jurídico-política durante los gobiernos instaurados en nuestro país desde el retorno a la democracia en 1979: la función y alcances de la inmunidad parlamentaria, y el abuso que la ha llevado a convertirse en instrumento de excesos políticos.

 

La polémica desatada en estas semanas por ciertos consorcios mediáticos privados pretende instaurar la falacia de un supuesto “fin de la libertad para legislar”, hecho que obliga a realizar un análisis alejado del sensacionalismo y apegado al Derecho. De acuerdo a la Constitución del Ecuador de 1998 -que precedió a la actual Carta Magna- su artículo 137 estableció que no podrían iniciarse causas penales en contra de un legislador “sin previa autorización del Congreso Nacional, ni serán privados de su libertad, salvo en el caso de delitos flagrantes”. Esta estipulación fue ideada con el fin de proteger a los representantes legislativos en la defensa de los derechos de sus mandantes, pero pronto devino en festín de venganzas personales y tarima electoral de algunos partidos políticos que vieron en la inmunidad parlamentaria una patente de corso para difamar, acusar y destruir a opositores, sin argumentos de peso y para disfrazar ante la ciudadanía una escandalosa falta de propuestas legislativas.

 

Ante una urgente necesidad de depuración que devolviese la credibilidad a la entonces desprestigiada Función Legislativa, la nueva Constitución de 2008 promulgada durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana, en su artículo 128 indica que “para iniciar una causa penal en contra de un/una asambleísta se requerirá autorización previa de la Asamblea Nacional” (hasta aquí lo mismo que la Constitución de 1998) pero añadiendo: “excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones”. Esa diferencia -que significa mucho- otorga la potestad de procesar a un/una asambleísta sin solicitar permiso a la Legislatura cuando a criterio de los jueces el hecho delictivo que se le impute no pertenezca al giro ordinario de sus actividades como tal.

 

Tal argumento de Derecho es válido en casos como el del legislador Cléver Jiménez. Remontándonos a los antecedentes, vale recordar que en agosto de 2011 Jiménez junto con Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa demandaron al Presidente Rafael Correa ante la Fiscalía General de la Nación por “delitos de lesa humanidad” supuestamente cometidos durante el intento de golpe de Estado ocurrido el 30-S. Dicha denuncia fue desestimada por falta de pruebas y calificada como “maliciosa y temeraria” por los jueces, constituyéndose en delito común que por justicia no puede ser cobijado por la inmunidad parlamentaria y que luego fue objeto de una contrademanda por parte de Mandatario.

 

Este falso reclamo fue presentado -además- en una instancia ajena al recinto legislativo (la Fiscalía de la Nación) lo que lo aleja aún más de ser un “acto de funciones”.

 

La razón de ser de la inmunidad parlamentaria estriba en que los legisladores no se vean privados de fiscalizar. Mas, debe quedar claro que este mecanismo no es una prerrogativa personal del representante sino una condición protectora para servir a sus mandantes a través del ejercicio democrático. La inmunidad parlamentaria está presente en todas las Constituciones de América Latina y con ciertas variaciones en las del resto del mundo; pero así como el legislador goza de amparos para legislar y fiscalizar, también tiene la obligación de no abusar de su investidura para venganzas personales, obtener réditos políticos… o para escapar del juicio fulminante de la ciudadanía y el subsecuente castigo en las urnas ante un desastroso desempeño legislativo.

 

Debe quedar en claro que este mecanismo no es una prerrogativa personal del representante sino una condición protectora para servir a sus mandantes a través del ejercicio democrático.

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Política · Portada
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